| Por: Clemente Ferrer Roselló agosto / 2009
"En mi conciencia, éste es uno de los puntos en que no me veo obligado a obedecer. Tienen que comprender que en todos los asuntos que tocan a la conciencia, todo súbdito bueno y fiel está obligado a estimar más su conciencia y su alma que cualquier otra cosa en el mundo". Esta afirmación del eminente jurista Tomás Moro, lord canciller de Inglaterra, patrono de los gobernantes y los políticos, debería esculpirse a fuego en el frontispicio de todos los parlamentos del mundo.
Por desgracia, sus palabras no forman parte de la ley del aborto portuguesa, que faculta a toda mujer embarazada a abortar, sin restricciones, durante las 10 primeras semanas de gestación. Pero sí está presente en la conciencia de miles de ginecólogos. Como estos médicos no están dispuestos a realizar abortos, en muchos hospitales públicos no puede efectuarse esa práctica, pues la totalidad de los doctores son objetores de conciencia. La Dirección General de Salud ha invertido mucho dinero en una campaña informativa que repite insistentemente el mismo mensaje: de acuerdo con la ley, el Estado garantiza el aborto a petición, dejando fuera al especialista, para dar todo el poder a la voluntad de la madre. El Colegio de Médicos ha creado una lista de miembros objetores de conciencia, para que haya transparencia y se conozca quiénes llevan a cabo abortos y quiénes refutan este asesinato. Asimismo, rechaza la acusación de que la objeción de conciencia sirva para que los médicos ganen más dinero practicando abortos en las clínicas privadas, porque los ginecólogos están para traer vidas al mundo, no para suprimirlas. El gobierno portugués se equivoca si cree que las leyes pueden ordenar cualquier cosa. Existen límites que debe respetar. Ningún Estado puede obligar a los ciudadanos a realizar acciones injustas o que agredan gravemente su conciencia. No puede, incluso si la decisión emana del Parlamento. Ésta es la maravillosa lección que nos dejó Tomás Moro, figura clave en la historia de la democracia europea y que fue decapitado por orden del rey Enrique VIII en 1535, precisamente por ser fiel a los dictados de su conciencia.
«Por mi patria hablará la razón de la justicia» | 
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